Cádiz es uno de los destinos más fuertemente afectados por la lacra del alquiler turístico vacacional. La provincia cuenta con un total de 15.780 plazas turísticas, de las cuales 11.017 pertenecen a este segmento, cifra récord, dejando apenas 4.700 para los establecimientos hoteleros. (Ciudades españolas convertidas en parques temáticos: las cifras asustan)
Según cuenta Diario de Cádiz, su crecimiento continúa disparado pese a la nueva norma de control municipal, que entró en vigor en el mes de octubre para tratar de frenar la preocupante masificación del destino. Desde dicho periodo, se ha dado el visto bueno a que cerca de un centenar de alojamientos entren en el mercado, alcanzando las 2.321 VFT. (Boom del alquiler: cada vez más pisos mezclan turistas y universitarios)
Lo más curioso es que la administración aprobó esta regulación, pero se la ha saltado a la torera. De hecho, ahora la ha denunciado ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, considerando que “propicia el cierre del mercado”, y que no defiende la proporcionalidad en el sector.
El documento expone que “el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total en la ciudad de Cádiz sería del 3,9%. Así, los anteriores datos sustentarían el argumento de la desproporcionalidad de las restricciones impuestas en el PGOU de Cádiz para los alojamientos turísticos y con mayor incidencia para las VFT”.
Esos datos son quizá demasiado generales, y obvian completamente la problemática en algunos barios concretos. Por ejemplo, La Viña o Mina/Candelaria tienen índices de saturación que superan el 12% del parque de viviendas.