Revés para el sector del alquiler vacacional en Portugal. El gobierno ha aprobado una ley que podrá coto a las viviendas turísticas, prohibiendo la apertura de nuevos apartamentos en puntos clave como Lisboa, Oporto y gran parte de la costa del país. (Portugal prohíbe nuevas plazas turísticas en Airbnb)
De este modo, según cuenta El País, los arrendadores tendrán que pagar un impuesto adicional de hasta un 15% en concepto de “contribución extraordinaria”, tal y como ya se aplica en otros sectores. La cifra es muy inferior a la propuesta inicialmente, que barajaba una tasa extra del 35%.
Además, para iniciar un nuevo alquiler, será necesaria la aprobación de toda la comunidad de vecinos. La medida también contempla la retirada de licencias ya concedidas si al menos dos tercios de los residentes así lo decide.
Con esta normativa, el gobierno luso pretende reducir uno de los grandes problemas de la región, que, al igual que España, está sufriendo dificultades en el acceso a la vivienda. Los Ayuntamientos podrán acogerse a ella “siempre que se considere necesario para garantizar la función social de la vivienda”.
A finales del año pasado, Portugal contaba con hasta 108.523 pisos de uso turístico, lo que supone un 1,8% del total de la planta alojativa del país. Se sitúa incluso por encima de España, donde los apartamentos representan actualmente un 1,2% de toda la oferta.