La Comisión Europea pone en jaque el registro único de viviendas de uso turístico impulsado por el Gobierno español, el cual ha supuesto la retirada del mercado de decenas de miles de inmuebles dedicados al alquiler vacacional que han sido declarados ilegales o irregulares (La retirada de pisos turísticos “amenaza las vacaciones de miles de españoles”).
El Ejecutivo comunitario no cuestiona la regulación ni el control del alojamiento de corta estancia, pero sí pone en cuestión el modelo español debido a la existencia de una duplicidad de registros. El motivo es que a los autonómicos se ha sumado el impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez en un intento por dejar fuera a las comunidades.
En una resolución emitida en relación a la tramitación de la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, Bruselas prohíbe expresamente someter una misma vivienda a más de un procedimiento de registro cuando ya existe uno obligatorio, con independencia del nivel administrativo que lo imponga. Fija, además, el 20 de mayo de 2026 como fecha límite para que España acabe con dicha duplicidad.
Esta actuación abre la puerta a reclamaciones contra el Estado español por responsabilidad patrimonial y expone a España a un procedimiento sancionador si el sistema se mantiene más allá del plazo fijado por Bruselas, advierte Fevitur.