El juez José Luis Calama investiga la presunta participación del entorno del exlíder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en el macrocomplejo turístico y de ocio que Hard Rock International proyectó en Tarragona junto a PortAventura World, una iniciativa valorada en cerca de 2.000 millones de euros (El hotel Santo Mauro, un cuartel general de Zapatero).
La documentación intervenida por la UDEF recoge contratos entre el Grupo Aldesa e Idella Consulenza Strategica, sociedad controlada por Julio Martínez Martínez, colaborador y persona de confianza de Zapatero. Según el sumario, esos acuerdos contemplaban labores de intermediación y búsqueda de oportunidades de negocio a cambio de una comisión de entre el 1% y el 3% del valor de los contratos. El proyecto de Hard Rock aparecía reflejado de forma expresa en esa relación comercial.
Según El Confidencial, el juez detalla que durante 2022 se firmaron varias adendas que reforzaban el sistema de retribuciones pactado para esa operación. La investigación considera que el objetivo era garantizar una remuneración millonaria en caso de que el proyecto turístico saliera adelante. También destaca mensajes en los que Julio Martínez pedía eliminar la palabra “comisión” de la documentación contractual para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos.
Calama sostiene que la trama utilizaba contratos de asesoría y estructuras empresariales para canalizar ingresos y desvincular formalmente a los principales beneficiarios de las operaciones. En ese contexto, pone el foco en la creación de una sociedad en Dubái participada íntegramente por Idella Consulenza Strategica. El magistrado considera que esa firma pudo haberse utilizado para articular movimientos económicos vinculados a distintas actividades internacionales investigadas.
El magistrado atribuye a la red pagos cercanos a los 1,9 millones de euros a través de distintas sociedades y considera que el entorno de Zapatero se habría beneficiado de ingresos procedentes de varias compañías privadas. El expresidente está citado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional, donde deberá responder por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.