El Gobierno de Canarias tendrá que pagar más de 300 millones de euros por las antiguas moratorias turísticas que limitaron el desarrollo de determinados terrenos. El Ejecutivo ha aprobado ya un primer desembolso de 253 millones de euros en indemnizaciones, al que se suman otros 7,5 millones en intereses, tal y como explicó esta semana el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda (Canarias se ahorra 500 millones tras cerrar la batalla de la moratoria turística).
Según Atlántico Hoy, la factura total asciende a 316 millones de euros en indemnizaciones, sin contar los intereses, por lo que el coste final podría rondar los 326 millones. La cantidad queda muy por debajo de los cerca de 652 millones reclamados por empresarios y hoteleros que acudieron a los tribunales para reclamar por la pérdida de derechos urbanísticos sobre sus terrenos.
El conflicto se remonta a las medidas adoptadas en Canarias a comienzos de los años 2000 para frenar el crecimiento turístico. Distintas normas fueron restringiendo las posibilidades de construir en determinados suelos y algunas de estas decisiones acabaron siendo anuladas por los tribunales. En 2009, una nueva ley permitió incluso desclasificar terrenos que tenían capacidad edificatoria y convertirlos en suelo rústico a cambio de una compensación económica.
Ese proceso desembocó en 54 reclamaciones judiciales, de las que el Tribunal Supremo dio finalmente la razón a los propietarios en 36 casos. Las cantidades exigidas llegaron a acercarse a los 1.000 millones de euros si se incluían los intereses.
En este sentido, Miranda ha criticado que el Ejecutivo ha tenido que “asumir las consecuencias de actuaciones anteriores”, recordando que aquellas restricciones respondían a una demanda social para limitar el crecimiento turístico. No obstante, ha advertido de las consecuencias de aplicar este tipo de medidas sin tener en cuenta sus efectos jurídicos: “Las moratorias hay que hacerlas bien”, afirmó.
Los acuerdos han generado críticas de la oposición precisamente por este último punto. Luis Campos, de Nueva Canarias, los ha calificado de “una rendición absoluta”, al considerar que los promotores reciben una compensación y conservan sus derechos sobre los terrenos. Igualmente, la socialista Nayra Alemán ha señalado que, “además de indemnizar, se permite desarrollar ese suelo al promotor. Pagamos dos veces”.