Avanza la OCDE con proyectos para gravar la economía digital

Avanza la OCDE con proyectos para gravar la economía digital

Es el producto de distintas propuestas aportadas por un “Task Force” de la OCDE dedicado a estudiar las derivaciones tributarias de la “digitalización” de la economía. El organismo multilateral reconoce que en el mediano plazo la economía global será digital y, entonces, las bases fundamentales de la tributación a nivel internacional no servirán para generar ingresos tributarios a los distintos estados.

El lunes, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicó los dos proyectos (Enfoque Unificado en los Pilares I y II) que regularán los aspectos tributarios de la economía digital. Se lo denomina “Enfoque Unificado” porque es el producto de distintas propuestas aportadas por un “Task Force” de la OCDE dedicado a estudiar las derivaciones tributarias de la “digitalización” de la economía.

Desde la emisión de las distintas iniciativas BEPS en 2015, la OCDE ha dedicado ya 5 años en generar un acuerdo internacional para gravar la economía digital. El organismo multilateral reconoce que en el mediano plazo la economía global será digital y, entonces, las bases fundamentales de la tributación a nivel internacional no servirán para generar ingresos tributarios a los distintos estados. Conceptos como “el criterio de la fuente” o el “establecimiento permanente” son desafiados por la tecnología y es imperativo encontrar una solución consensuada. Desde esta columna se ha expresado que, desde hace más de 10 años, la distribución de utilidades entre distintas jurisdicciones en grupos multinacionales se encuentra en el foco del debate. Y para ello la OCDE intenta instalar un nuevo esquema de principios reactores para que los países puedan capturar su porción de recaudación de los modelos de negocios digitales.

Los dos flamantes documentos ya se encuentran disponibles en el sitio web del organismo. El Pilar I se centra en determinar nuevas normas de fuente y asignación de utilidades entre los distintos países que conforman el modelo de negocios de determinada empresa. En otras palabras, el derecho que tiene un país de gravar las utilidades de determinada empresa no estará ligado a la noción de presencia física en esa jurisdicción. Por el contrario, se intenta dotar al país donde está localizado el mercado o los usuarios finales, con la potestad de gravar parte de la renta del negocio digital más allá de que la compañía que provee esos servicios no tenga presencia física (a través de una entidad legal) en dicho mercado.

Por su parte, el Pilar II se enfoca en lograr que los negocios digitales internacionales sean gravados con un impuesto mínimo global que desincentive la derivación de utilidades hacia jurisdicciones o regímenes fiscales preferentes. El objetivo aquí es desarticular las estructuras de planeamiento internacional bajo la utilización de derechos de propiedad intelectual hacia jurisdicciones de baja o nula tributación o la utilización abusiva de convenios para evitar la doble imposición o régimen fiscales particulares.

Sobre simplificando, el Pilar II responde el “cuánto” y el Pilar I determina el “dónde” se asigna ese impuesto.

Existen aún puntos abiertos que impiden el acuerdo y difieren la definición. Los documentos exponen claramente las cuestiones que aún no generan consenso entre los países sobre la distribución de la potestad tributaria de cada estado y los importes que en definitiva se deberían asignar.

No obstante, resultan clarificadoras las definiciones surgidas de la conferencia de prensa que brindaron Ángel Gurría (secretario general de OCDE) y Pascal Saint-Amans (director del Centro de Política Fiscal del Organismo).

Ambos funcionarios han manifestado que existe actualmente una enorme presión de la opinión pública mundial en nivelar el campo de juego tributario entre los contribuyentes que tributan en cada estado sobre la base de sus negocios domésticos versus aquellos emprendimientos internacionales que pueden generar márgenes de planeamiento abusivo con mayor facilidad.

De los cálculos efectuados, el organismo estima que, mínimamente, 100.000 M de euros en impuestos serán relocalizados cuando entren en plena vigencia los lineamientos del Pilar I. Por su parte, el Pilar II implicará la generación de otros 100.000 M de euros de carga fiscal adicional a lo que ya tributan globalmente los negocios digitales. Para dimensionar estos importes, basta con informar que la suma de ambos supera la mitad del PBI actual de nuestro país. Ante semejante disrupción esperada en materia tributaria, la pregunta que se impone es entender quiénes se erigen como ganadores y quiénes serán los perdedores de esta nueva tendencia tributaria global.

Según los funcionarios, el esquema beneficia a todos los países y empresas en alguna medida debido a que:

Se nivela el campo de juego tributario.
Los países (desarrollados y en desarrollo) obtendrían la potestad tributaria de gravar en base a los usuarios finales o la dimensión de su mercado, dejando de lado la presencia física.
La opinión pública notará que los negocios digitales tributarían su “parte de impuestos” (o “fair share of tax” en inglés).
Las empresas obtendrán certeza del campo de juego tributario global.
Se desalientan las medidas unilaterales y descoordinadas que gravan en distinta forma los negocios digitales.
Tal vez, los únicos perdedores en el escenario global sean las jurisdicciones de baja o nula tributación y los regímenes preferentes ya que no habrá incentivos en derivar utilidades hacia esos países porque existirá un impuesto mínimo global.

Finalmente, restan pocos meses para concluir si los 137 países que componen este esfuerzo logran el consenso necesario. Lo que sí es claro es que la alternativa a este nuevo modelo implicaría que cada país tome medidas unilaterales para gravar la economía digital y, luego de ello, se desataría una guerra comercial que nadie desea.

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