“Desde que llegamos al Govern hemos dicho claramente que Baleares ha llegado a un límite”. Así lo remarca el consejero de Turismo del Ejecutivo autonómico, Jaume Bauzá, quien aclara que “lo que realmente ha desbordado ese límite no es la oferta reglada, sino la oferta turística ilegal” (Los pisos turísticos de no residentes inundan Baleares).
En una entrevista concedida a Mallorca Diario, Bauzá incide en que la oferta no reglada “es la que provoca una mayor presión sobre el territorio y sobre los servicios públicos durante los meses de verano”. “Tenemos datos que demuestran que allí donde se combate con mayor intensidad la oferta ilegal disminuye la presión turística. Ibiza es un buen ejemplo porque lleva más años trabajando en esa dirección. Mallorca, Menorca y Formentera también están avanzando”, prosigue (El cerco a los pisos turísticos ilegales borra miles de plazas en España).
A su juicio, un error que se ha cometido “durante demasiado tiempo” ha sido que “nos hemos obsesionado con la cifra de los 20 millones de turistas”, cuando “existen otros indicadores mucho más relevantes para evaluar el modelo turístico”. “Nuestra apuesta consiste en crecer en valor, no en cantidad. Lo importante no es únicamente cuántos turistas llegan, sino qué aportación realizan a nuestra economía y a nuestra sociedad”, apunta.
En cuanto a la relación al alquiler vacacional con la crisis habitacional existente en las islas, Bauzá indica en primer lugar que “su impacto se ha sobredimensionado”, argumentando que la oferta legal “representa aproximadamente entre un 3% y un 3,5% del parque de viviendas, mientras que el porcentaje de vivienda vacía ronda el 17% o el 18%”.
No obstante, admite que “otra cuestión muy distinta es el alquiler turístico ilegal. Ese sí provoca un daño importante y debemos combatirlo con todos los instrumentos disponibles”.
El consejero revela que “se han destinado muchos más recursos que nunca” a luchar contra la lacra del alquiler turístico ilegal, si bien admite que “seguramente todavía no son suficientes”. “Si hoy invertimos veinte millones de euros, probablemente harían falta cincuenta para llegar a todo. Lo importante es que ahora existe una voluntad política inequívoca”, zanja.