GOB y Terraferida, organizaciones ecologistas y de defensa del territorio, han reclamado al Govern y al Consell de Mallorca que prohíban el alquiler turístico “en todas sus modalidades” y que frenen la urbanización del suelo rústico (Mallorca: descubren miles de anuncios sin licencia visible en Airbnb).
La vicepresidenta del GOB, Antonina Siquier, ha incidido en que la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, son “las dos únicas personas que pueden tomar medidas contra la masificación” (Baleares: de 68 mil a 160 mil ‘Airbnbs’ en 8 años).
Ambas organizaciones, que piden declarar toda la isla de Mallorca como zona de mercado residencial tensionado, consideran fundamental poner fin al modelo Airbnb para que decenas de miles de viviendas pasen al alquiler convencional a precios más asequibles.
También reclaman la prohibición de nuevas edificaciones residenciales en suelo rústico y que se decrete una moratoria inmediata a la construcción de nuevas piscinas.