La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa su Plan de Vivienda Asequible, un paquete que tendrá un impacto directo sobre los pisos turísticos. Bruselas prevé dar margen a los gobiernos locales para restringir los alquileres de corta duración en los mercados residenciales más tensionados, aunque condiciona cualquier actuación a que se pueda demostrar que estas viviendas han contribuido al deterioro del acceso a la vivienda (Bruselas ultima un plan para regular los pisos turísticos).
La propuesta sitúa el impacto de los “Airbnb” como uno de los elementos que deberán valorar las administraciones antes de imponer nuevas limitaciones. Así, no bastará con que una ciudad o un destino registre precios elevados o dificultades para acceder a una vivienda. Para actuar contra el alquiler vacacional habrá que justificar que esta actividad ha tenido un papel en el empeoramiento de la situación durante los últimos tres años.
El planteamiento comunitario puede tener especial recorrido en España, donde varias de las zonas con mayor presión residencial coinciden con grandes destinos turísticos. El esfuerzo para comprar una vivienda ya equivale de media a 8,4 años de salario bruto, según Fotocasa, pero alcanza niveles muy superiores en mercados como Mallorca y Madrid, donde supera los 15 años. Málaga, Tenerife y Barcelona también se encuentran por encima del umbral que Bruselas utilizará como referencia para identificar los mercados más tensionados.
La nueva posición de la Comisión afecta de lleno al debate sobre las restricciones que ya están aplicando o preparando algunas ciudades. Barcelona es el caso más significativo, con la eliminación prevista de sus viviendas turísticas en 2028.
Además, el paquete comunitario incorpora otra vía de intervención que puede repercutir en los destinos turísticos: la posibilidad de poner límites a la compra de segundas residencias en determinadas zonas. El objetivo es evitar que parte del parque inmobiliario quede fuera del mercado residencial, una cuestión especialmente relevante en las áreas costeras y en Baleares y Canarias.
En cualquier caso, Bruselas no plantea una prohibición comunitaria de los pisos turísticos ni obliga a los territorios a adoptar estas medidas. El texto deberá pasar ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, pero su presentación abre una nueva vía comunitaria para justificar restricciones al uso turístico de las viviendas.