El acuerdo con el que Canarias ha cerrado casi 25 años de litigios por la moratoria turística tiene un principal beneficiario: Lopesan. La cadena hotelera recibirá alrededor de 300 millones de euros de los cerca de 500 millones que el Gobierno autonómico abonará a las empresas afectadas por la paralización de proyectos turísticos. El importe supone aproximadamente la mitad de los más de 1.000 millones reclamados inicialmente por las compañías (Canarias se ahorra 500 millones tras cerrar la batalla de la moratoria turística).
La cuantía que corresponde a Lopesan se explica por el elevado número de desarrollos que la moratoria dejó bloqueados en Gran Canaria y Fuerteventura. Según la información publicada por Atlántico Hoy, y recogida por Expansión, la cadena ya habría recibido el dinero el pasado martes, aunque ha optado por no pronunciarse sobre la operación. Junto a Lopesan, otras empresas como Satocan, Dreamplace y Seaside Hotels también forman parte del acuerdo.
El origen del conflicto se encuentra en la moratoria turística iniciada en 2001 y consolidada posteriormente con la Ley 19/2003, que introdujo nuevas restricciones al crecimiento de la oferta alojativa. Las empresas afectadas sostenían que disponían de terrenos clasificados para uso turístico y que habían obtenido previamente los instrumentos urbanísticos necesarios para desarrollar sus proyectos. La entrada en vigor de las nuevas reglas paralizó permisos, licencias y autorizaciones que ya estaban en marcha.
La disputa terminó en los tribunales después de que los propietarios reclamaran una compensación por la pérdida de los derechos urbanísticos que, según defendían, tenían reconocidos antes de las restricciones. El conflicto llegó a concentrar 36 parcelas, con una treintena situada en San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en el sur de Gran Canaria; cinco en Pájara, Fuerteventura; y una en Yaiza, Lanzarote.
El acuerdo no se limita al pago de las indemnizaciones. El Gobierno canario ha decidido que durante cinco años no se produzca automáticamente la reclasificación de estos terrenos como suelo rústico, de modo que serán los planeamientos municipales vigentes los que determinen qué uso puede darse a cada parcela. Esta decisión deja abierta la posibilidad de que algunos de los proyectos hoteleros paralizados durante años vuelvan a plantearse.
Las empresas tendrán ahora que analizar caso por caso si las condiciones urbanísticas actuales permiten recuperar sus antiguos desarrollos. No obstante, el escenario es muy diferente al existente cuando se diseñaron aquellos proyectos, después de casi un cuarto de siglo de bloqueo.