Canarias y Baleares han expresado su firme rechazo al decreto estatal que regula el registro único de alquiler turístico, cuestionando su encaje competencial durante la conferencia sectorial celebrada en Madrid. Ambos gobiernos consideran que la norma invade competencias en materia turística y genera inseguridad jurídica para los propietarios que ya cumplen con la normativa regional (El registro español de viviendas turísticas, en riesgo).
La consejera de turismo canaria, Jéssica de León, ha trasladado al ministro Jordi Hereu, y a la secretaria de Estado, Rosario Sánchez, la petición de derogar el decreto. A su juicio, el reglamento europeo es de aplicación directa y no requería un desarrollo adicional por parte del Estado. “Lo que para Canarias es legal, para los Ministerios de Vivienda y de Turismo no lo es”.
Asimismo, ha advertido de problemas técnicos que le han impedido conectarse a la ventanilla única digital. Según datos de la consejería, de los 415.000 números de registro que se comercializan en plataformas, solo 27.700 han completado los trámites exigidos. A ello se suma la orden que obliga a volver a notificar antes del 2 de marzo los arrendamientos realizados en 2025. De no hacerlo, las viviendas serán dadas de baja automáticamente y los propietarios deberán asumir nuevamente el coste para reactivarlas.
Por su parte, desde Baleares, el consejero de Turismo, Jaume Bauzà, ha criticado que sea el Ministerio de Vivienda quien lidere una regulación que afecta directamente a la actividad turística, competencia que corresponde a la Comunidad autónoma. A su juicio, el modelo estatal crea un doble registro que provoca confusión y complica la gestión administrativa.
También ha alertado de que las viviendas ya inscritas y legales en los registros autonómicos podrían quedar sin validez si no son aceptadas por el registro de la propiedad. Además, ha reprochado que se traslade la responsabilidad a los registradores, lo que está generando dificultades a pequeños propietarios y familias que cumplen la normativa vigente.
Ante esta situación, Canarias ha recurrido el decreto ante el Tribunal Supremo al entender que crea indefensión y duplica procedimientos administrativos. “Desde la consejería de Turismo y Empleo hemos recurrido porque no solo crea un doble registro, sino que genera indefensión en el propietario”, ha concluido De León.