La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a Airbnb por publicar miles de pisos turísticos ilegales. El organismo estatal da este paso meses después de haber solicitado a la plataforma que retirase de inmediato estos anuncios.
Según expone, la comercialización de estas viviendas de alquiler vacacional podría generar “lesiones o riesgos para los intereses de los consumidores y usuarios de forma generalizada”.
Airbnb se arriesga a ser multada con cantidades que van desde 100.000 euros hasta un importe que puede sextuplicar el beneficio ilícito obtenido, al tratarse de una infracción grave.
El ministro Pablo Bustinduy advierte a la plataforma que “ninguna empresa, por grande o poderosa, debe estar por encima de la ley. Tampoco en el mercado de la vivienda”.