El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado que el tope de precios fijado en hoteles de 14 municipios de Andalucía y Extremadura tras la borrasca Leonardo ha evitado incrementos abusivos. La medida, aplicada desde el 18 de febrero en zonas con desalojos como Grazalema, Jerez o Ronda, buscaba garantizar el acceso al alojamiento durante la emergencia (Malestar hotelero por el tope de precios en Andalucía y Extremadura).
Según el informe de Consumo recogido por EFE, la norma ha permitido que el acceso a servicios básicos no se viera condicionado por picos de demanda ni por ajustes automáticos de precios en plataformas digitales. Así, el documento destaca que la intervención ha sido eficaz para frenar subidas generadas por algoritmos de precios en los canales de reserva online, que, a su juicio, tienden a reaccionar al alza en situaciones de alta demanda.
Durante la primera semana de aplicación no se han registrado reclamaciones formales ni incidencias por posibles incumplimientos de la normativa ante las autoridades competentes. El Ministerio interpreta esta ausencia de quejas como una señal del cumplimiento de los operadores del sector durante el periodo de emergencia.
El Ejecutivo también recuerda que los usuarios que hayan pagado por encima de los límites legales tienen derecho a la devolución íntegra de la diferencia, que puede solicitarse directamente en el establecimiento o, en caso de negativa, mediante una reclamación oficial ante las autoridades de Consumo.
Con estas afirmaciones, el Gobierno presume de una medida que fue muy criticada por los hoteleros. Como publicó Preferente, CEHAT criticó que el sector no ha incurrido en prácticas abusivas en situaciones de crisis. Es más, recordó que, en episodios como la pandemia, incendios forestales o inundaciones, numerosos establecimientos ofrecieron habitaciones sin coste y pusieron a disposición de las autoridades instalaciones, recursos materiales y personal para atender a los afectados.
Por su parte, la AEHM advirtió de que “una limitación generalizada de precios no refleja la conducta real del sector y puede distorsionar la percepción pública”. Es por ello que reclamó al Gobierno “que las políticas de protección al consumidor se articulen desde la cooperación con los sectores implicados, evitando trasladar a la opinión pública una imagen que no se corresponde con la realidad”.
