La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por el polémico ‘Gran Hermano’ turístico impulsado por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska (Bruselas vigila el ‘Gran Hermano’ turístico de Marlaska).
Bruselas considera que vulnera la normativa comunitaria de protección de datos. Así, ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno al entender que las obligaciones impuestas a hoteles, plataformas de alojamiento y empresas de alquiler de vehículos exceden los límites establecidos por la legislación europea (El ‘Gran Hermano’ de Marlaska, bajo la lupa de Bruselas).
“España exige que recojan, conserven y transmitan los datos personales de los viajeros a una base de datos gubernamental centralizada accesible a las autoridades policiales. Estas disposiciones no cumplen los requisitos de la Directiva”, apunta la Comisión.
En su análisis, cuestiona especialmente el volumen de información que se exige recopilar y almacenar sobre los viajeros. Entre los datos afectados figuran no solo elementos identificativos básicos, sino también información relacionada con pagos e incluso datos de geolocalización, unas categorías que considera excesivas para los fines perseguidos por las fuerzas de seguridad.
El expediente también pone el foco en las condiciones de acceso a esa información. “No se limita a fines específicos y explícitos, como exige la directiva”. Asimismo, critica que “las autoridades españolas conservan todos los datos recogidos durante tres años, período que se considera desproporcionado”.
Como viene publicando Preferente, el polémico Real Decreto 933/2021, en vigor desde el 2 de diciembre de 2025 tras múltiples prórrogas, exige a los alojamientos turísticos y agencias de viajes recabar y custodiar hasta 42 datos personales y bancarios de los clientes. Estos incluyen datos sensibles que van mucho más allá de los clásicos DNI y pasaporte, tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil y domicilio real.