El caso de la apertura de un Loro Parque en el sur de Gran Canaria es uno de los episodios más vergonzosos que se hayan podido ver en la gestión del suelo en toda España. El empresario promotor, que anunció en 2015 su proyecto, aún no tiene totalmente aprobado su proyecto y sigue esperando que las autoridades que sí se manifestaron a favor, terminen por cumplir con sus compromisos en materia de autorizaciones legales (Loro Parque insiste en su gran proyecto hotelero en Gran Canaria).
Observen un detalle: el empresario no pretendió hacer una obra ilegal. No intentó engañar a nadie. Simplemente hizo lo que estaba previsto legalmente, pero las administraciones se enredaron mientras él iba firmando los cheques para pagar a los proveedores que hacían las obras. Como todo el marco legal era un desastre, los jueces lo derrumbaron y el empresario se vio atrapado en medio.
Ahora el empresario, a quien la inversión se le ha disparado en sus costes, ratifica su voluntad de llevar a cabo el proyecto y espera que de una vez por todas le ofrezcan un marco legal seguro.
Para mí, lo peor de todo esto es que nunca ha habido una dimisión por tal desastre. Nadie ha cumplido, todo el mundo ha liado las cosas, y sin embargo no hay culpables. Esto es muy negativo para la economía y para la imagen de las islas como lugar en el que poder invertir.
A ver si finalmente esto acaba. Y acaba bien.