La apertura del procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España por el registro de viajeros ha reforzado las críticas que agencias de viajes y hoteleros llevan muchos meses planteando. El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, considera que “las quejas de los viajeros, el ignorar de forma premeditada la normativa europea y rechazar cualquier sugerencia del sector turístico para su mejora han creado un problema donde no existía”(Expediente sancionador a España por el ‘Gran Hermano’ de Marlaska).
Por su parte, desde las agencias, CEAV sostiene que las objeciones formuladas por Bruselas confirman que “las preocupaciones que desde el sector turístico se vienen trasladando desde hace años no eran infundadas”(Las agencias exigen suspender el ‘Gran Hermano’ de Marlaska tras el expediente de Bruselas).
La patronal recuerda que siempre ha defendido la colaboración con las autoridades en la prevención del terrorismo y la delincuencia, pero insiste en que ese objetivo debe ser compatible con el respeto a los principios europeos de protección de datos. Por ello, considera que el Gobierno debería “analizar con rigor las objeciones planteadas y abordar una revisión en profundidad del sistema”.
El expediente abierto por Bruselas cuestiona precisamente algunos de los elementos más polémicos del denominado registro de viajeros. La Comisión entiende que España exige la recopilación de un volumen excesivo de información personal y pone en duda tanto la necesidad de determinados datos solicitados como el plazo de conservación de tres años previsto por la normativa. Son cuestiones que, según las instituciones europeas, podrían entrar en conflicto con la legislación comunitaria en materia de protección de datos.
A raíz de este pronunciamiento, las agencias vuelven a poner el foco en las obligaciones que soportan. CEAV considera “desproporcionado” que los intermediarios tengan que recopilar, comunicar y almacenar información que en muchos casos ya obra en poder de otros operadores turísticos. De hecho, advierte de que “multiplicar los sujetos obligados a remitir y conservar la misma información no mejora necesariamente la seguridad”, mientras sí incrementa las cargas administrativas, los costes de cumplimiento y los riesgos asociados al tratamiento de datos personales.
También mantiene su postura sobre el encaje jurídico de las agencias dentro del ámbito de aplicación del decreto. Aunque la actuación de Bruselas se centra exclusivamente en cuestiones de protección de datos, recuerda que la ley orgánica que sirve de base al sistema “no menciona a las agencias de viajes ni a los operadores turísticos entre los sujetos obligados a cumplir deberes de registro documental y comunicación de datos”.
Con todo ello, CEHAT exige “un cambio radical en la legislación que permita construir juntos una España más segura para todos”. Además, recalca la necesidad de “la inmediata derogación del Real Decreto 933/2021 y la apertura urgente de una mesa de diálogo constructivo que incorpore a todos los agentes implicados”. De hecho, estarían dispuestos a “diseñar un sistema alternativo apoyado en soluciones tecnológicas avanzadas” que sea “viable, eficaz, fiable y moderno, y que respete rigurosamente la privacidad”.