El decreto de vivienda que llevará el Gobierno al Congreso deja fuera, por ahora, a los pisos turísticos de Canarias de sus dos principales medidas fiscales: el nuevo IVA del 10% para los alquileres de corta estancia y el recargo de hasta el 150% en el IBI (Canarias puede poner coto al alquiler vacacional con el aval de Europa).
La exclusión del IVA se debe al régimen fiscal específico de Canarias, donde no se aplica este impuesto sino el IGIC. Además, las viviendas vacacionales ya tributan por este impuesto desde 2016 cuando se comercializan con finalidad turística, por lo que el nuevo gravamen estatal no modifica su situación fiscal. Eso sí, el criterio canario no coincide exactamente con el nuevo modelo estatal, que toma como referencia las estancias de hasta 30 noches.
El segundo golpe fiscal tampoco alcanza de momento al archipiélago. El decreto permite a los ayuntamientos elevar hasta un 50% el IBI de una vivienda turística, hasta un 100% cuando el propietario tenga al menos dos y hasta un 150% si tiene cuatro o más, pero únicamente cuando el inmueble se encuentre en un municipio declarado zona de mercado residencial tensionado.
Canarias no cuenta actualmente con ningún municipio declarado oficialmente como zona tensionada, aunque Las Palmas de Gran Canaria ya ha iniciado el procedimiento y su expediente se encuentra en fase de análisis. La posibilidad de aplicar el recargo dependerá, por tanto, de que ese proceso concluya y de que posteriormente el Ayuntamiento decida utilizar la herramienta fiscal.
El contraste resulta especialmente llamativo porque el propio decreto pone a Canarias como ejemplo de presión turística. Los datos oficiales identifican al menos seis municipios donde las plazas turísticas superan a la población residente: Pájara, Yaiza, Mogán, Tías, San Bartolomé de Tirajana y Adeje. El archipiélago contaba a finales de 2023 con más de 545.000 plazas de alojamiento turístico, de las que unas 196.000 correspondían a vivienda vacacional.