El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado por segunda ocasión las resoluciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que obligaban a Airbnb a eliminar miles de anuncios de pisos turísticos que incumplían la normativa. La última decisión afecta a 34.728 publicaciones que no indicaban número de licencia ni la naturaleza del arrendador (Golpe a Airbnb: obligada a retirar 65.000 pisos turísticos ilegales).
Según informa El País, la resolución judicial rechaza el recurso presentado por la plataforma contra las medidas cautelares dictadas por la Dirección General de Consumo. En mayo, el mismo tribunal ya había denegado un primer recurso relativo a otra tanda de anuncios, lo que consolida el criterio favorable a las actuaciones administrativas (Nueva ofensiva contra Airbnb: en jaque otros 55.000 anuncios ilegales).
En total, el Ejecutivo instó a retirar 65.000 anuncios en tres resoluciones distintas: una primera con 5.800 anuncios, una segunda con los más de 34.000 ahora confirmados por la justicia, y una tercera con cerca de 15.000 que no fue recurrida por Airbnb. Tras recibir estas resoluciones y la primera validación judicial, la compañía procedió en julio a eliminar todos los anuncios señalados.
El Ministerio argumentó que las publicaciones eran ilegales porque omitían el número de registro, o no precisaban si el arrendador era un particular o una empresa. Además, se detectaron anuncios que incluían números de licencia que no correspondían a los expedidos oficialmente, lo que podía inducir a error a los consumidores.
A este respecto, para Consumo, la falta de información sobre la condición de los arrendadores resultaba esencial para determinar si el cliente está protegido como consumidor. De hecho, el departamento mantiene abierto un expediente sancionador a varias gestoras de pisos turísticos que se habrían hecho pasar por particulares con el fin de eludir obligaciones legales como la atención al cliente o de mejorar su posicionamiento en el mercado.