Airbnb lanza un aviso al gobierno de Canarias por las regulaciones previstas hacia el segmento del alquiler vacacional. Desde la plataforma apuntan que la llegada de unas medidas “desproporcionadas” golpearían de manera directa a los residentes en las islas que se benefician de alquilar sus segundas viviendas a turistas (Canarias acelera para combatir el desmadre del alquiler turístico).
Según informa Canarias7, el propietario de un inmueble comercializado a través de Airbnb viene ingresando una media de 5.100 anuales. Además, la compañía subraya que proporciona mayor diversidad de oferta a los clientes, ya que los alojamientos están mejor repartidos que los establecimientos hoteleros.
Es por ello que considera que es mejor esperar a que se pongan en marcha las nuevas medidas desde Bruselas antes que tomar “decisiones precipitadas”. Su directora de Políticas Públicas y Campaña, Sara Rodríguez, pide que “pongan por delante a las personas locales y les permitan beneficiarse del turismo de las zonas a las que pertenecen y eviten políticas que sigan favoreciendo el dominio de los hoteles”.
Cabe recordar que hoy finaliza el plazo de alegaciones y observaciones hacia la normativa impulsada por la consejera de turismo insular, Jessica de León. La idea es dar potestad a los ayuntamientos para limitar las viviendas turísticas. Además, los apartamentos se autorizarán siempre que sean compatibles y no afecten a la vivienda residencial, teniendo en cuenta el planeamiento urbanístico.
Con todo ello, la representante de Airbnb acusa a los hoteles de “dominio”, cuando una de cada tres camas de uso turístico proviene de la oferta de viviendas vacacionales, con casi 200 mil plazas repartidas en poco menos de 50 mil unidades de alojamiento. Según el gobierno canario, esto supone un desequilibrio, dado que actualmente la legislación no contempla ningún límite ni en cantidad ni en calidad a este tipo de productos.