La Junta de Andalucía ha optado por rebajar el protagonismo de las previsiones turísticas con las que tradicionalmente recibía el verano. Pese a que la comunidad volverá a encadenar una temporada alta de récord, el gobierno andaluz evita centrar el mensaje en el aumento de visitantes en un momento en el que el impacto del turismo sobre la vivienda y la masificación ha ganado peso en el debate público (Andalucía, la región más buscada online de Europa).
Las previsiones para julio, agosto y septiembre apuntan a la llegada de 14,2 millones de turistas, un 2,6% más que el pasado año. El crecimiento estará impulsado principalmente por el mercado internacional, con un aumento previsto del 4,5%, favorecido también por la búsqueda de destinos más seguros debido a la inestabilidad en parte del este de Europa y Oriente Medio. Si estas cifras se cumplen, Andalucía se situará cerca de los 40 millones de visitantes al cierre del año.
Según El Confidencial, ese cambio de tono institucional coincide con un aumento de las protestas en algunos de los principales destinos turísticos. La manifestación celebrada el pasado fin de semana en Málaga volvió a reflejar el malestar de una parte de la población por las dificultades para acceder a una vivienda y por la presión que atribuye al crecimiento del turismo. Ese escenario ha llevado a desplazar el foco desde los récords de visitantes hacia la necesidad de gestionar ese crecimiento.
Así, mientras el debate social gana protagonismo, el sector turístico insiste en poner el acento en el impacto económico de la campaña estival. Las previsiones pasan por generar más de medio millón de empleos entre julio y septiembre y superar los 9.000 millones de euros en ingresos, unos datos con los que las empresas defienden el papel del turismo como uno de los principales motores de la economía andaluza.
El inicio del verano también llega acompañado de otras incertidumbres para la actividad turística. En el litoral de Cádiz, empresarios y administraciones siguen pendientes de las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló, por un defecto en la tramitación administrativa, la modificación de las concesiones que permitía a 24 chiringuitos de Rota y Tarifa mantener sus instalaciones durante todo el año.