La Junta de Andalucía actúa para intentar atajar el problema que está suscitando la explosión del número de viviendas de uso turístico en la comunidad. El Gobierno autonómico ha modificado el decreto que regula las VUT, cediendo a los ayuntamientos la potestad en materia de ordenación y planificación turística para que en su caso limiten el número máximo de este tipo de alojamiento por edificio o sector (Andalucía quiere poner coto a Airbnb antes del verano).
Así lo ha expuesto el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, quien defiende que “se trata de una regulación que había que abordar de manera urgente e imprescindible para dar respuesta a este fenómeno novedoso y de crecimiento exponencial en algunas zonas de nuestra comunidad y que cuenta con el consenso de todos los sectores objeto de la regulación”.
Tal limitación municipal tendrá que estar siempre justificada por razones imperiosas de interés general. “Serán los ayuntamientos, a la vista de objetivos de diversidad social, de no agravar la falta de oferta de vivienda, la necesidad de equilibrar y minorar los precios del alquiler y la situación propia de cada barrio o distrito de su localidad, los que ejercerán la limitación que proceda”, explica Bernal.
El decreto también profesionaliza la gestión e introduce la figura de la empresa gestora/explotadora para que exista una persona (física o jurídica) responsable ante el turista, la comunidad de propietarios y la propia administración frente a cualquier incidencia. Al respecto, el consejero incide en la importancia de dicha figura “para evitar el potencial fraude de la situación de alegalidad de esta actividad y la inclusión de los trabajadores en los convenios colectivos provinciales de hostelería o turismo para mejorar sus condiciones laborales”.
Otro aspecto que refleja el nuevo decreto es la adopción de acuerdos limitativos de la actividad turística por las comunidades de propietarios. De este modo, se reconoce un derecho por el que las viviendas no se dedicarán al uso turístico cuando así lo decida por una mayoría de 3/5 de los propietarios. Estos acuerdos no tendrán efecto retroactivo para las viviendas regladas actualmente inscritas en el Registro de Turismo.