Las primeras reuniones entre el nuevo Govern balear y los representantes turísticos han abordado el tema de la ecotasa, pero con la única conclusión pública de que el impuesto sea finalista, y sin mención alguna a que la vivienda vacacional pueda seguir favorecida respecto a la hotelería reglada, ya que se mantiene como exenta de cobrar a sus huéspedes esta tasa (Paradoja: la ecotasa que no se cobra en los Airbnb financiará el acceso a la vivienda).
La irrupción de Airbnb ha sido el gran responsable –aunque no el único, pero de largo el mayor culpable– de los principales problemas para la ciudadanía que implica el turismo, como sobre todo el encarecimiento disparado de la vivienda, las incomodidades de la saturación turística, los problemas de convivencia vecinal o la pérdida de identidad de los barrios más históricos.
De hecho, la vivienda se ha convertido como la preocupación social más destacada, lo que llevó a los políticos en campaña a situarla como eje de sus futuras actuaciones. Sin embargo, las medidas contra este modelo de alojamiento, que en menos de una década disparó en alrededor de un tercio la misma planta de camas turísticas llevó 60 años regularizar, brillan por su ausencia.
Las quejas públicas han sido mínimas sobre este privilegio a los alquileres de corta estancia, aunque en privado sí son más notorias. En foros más reducidos, se aboga por una batería de actuaciones para volver a los años de mayor equilibrio, como una penalización fiscal a quien dirija su casa al viajero en lugar de al residencial, a la vez de incentivos tributarios a quien privilegie a la larga estancia, unido por supuesto a un mayor cuerpo de inspectores para tantos alojamientos ilegales.