Barcelona ha asestado un nuevo golpe a las mafias ilegales de pisos turísticos desalojando en las últimas semanas dos de las viviendas de lujo más importantes que explotaba en la ciudad condal. Se encontraban en plena avenida Diagonal, con vistas a la Sagrada Familia, y en la ronda Sant Pere, muy cerca del paseo de Gràcia (Golpe a las mafias del alquiler vacacional en Barcelona).
Según La Vanguardia, el Ayuntamiento lleva más de tres años siguiendo a esta organización. En este tiempo ha abierto nueve expedientes sancionadores por 420.000 euros, además de cinco multas coercitivas por otros 21.000. De hecho, solo en los dos inmuebles recientemente recuperados, las sanciones suman 120.000 euros y otros 3.000 en multas (Ofensiva fiscal de Barcelona contra los pisos turísticos).
La red todavía mantiene otros cuatro pisos bajo vigilancia municipal. Su negocio se basa en el alquiler por días de viviendas situadas en zonas de alto standing, con tarifas que, según su propia web, rondan los 400 euros por noche. La organización también opera en Madrid, Marbella, San Sebastián, Ibiza y, más recientemente, París.
Los inspectores encuentran dificultades para demostrar el uso turístico de los inmuebles debido a sus tácticas. Durante las visitas suele aparecer alguien que asegura vivir allí y los responsables piden a los huéspedes que no abran la puerta. También utilizan inteligencia artificial para modificar las vistas de las viviendas en sus anuncios y dificultar que puedan ser identificadas.
La recuperación de los pisos obliga a los propietarios a recurrir a la vía judicial y los procesos pueden prolongarse durante años. En uno de los casos de la Diagonal, la abogada Marta Martín asegura que se tardaron más de dos años en conseguir la orden de lanzamiento. “Recurren hasta la diligencia más insignificante”, explica, mientras que otros procedimientos acumulan meses de espera por recursos y apelaciones.
La trama comenzó a operar en Barcelona en marzo de 2023, cuando alquiló dos pisos en una finca de la ronda Sant Pere por 1.800 euros al mes cada uno, alegando que serían para alojar deportistas. Los propietarios descubrieron después que funcionaban como pisos turísticos y se negaron a participar en el negocio.