Más de 200 hoteles y apartamentos turísticos de Canarias se sumarán a la demanda colectiva que prepara el sector hotelero español contra Booking por sus supuestos abusos. La iniciativa, promovida por la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) y Eskariam, ya cuenta con la participación de unos 800 establecimientos en todo el país, según apunta Canarias7 (Más de 400 hoteles se unen contra los abusos de Booking).
El objetivo principal es buscar compensaciones económicas por los perjuicios derivados de la aplicación de las polémicas cláusulas de paridad entre 2004 y 2024. Estas han sido cuestionadas recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que las ha calificado de anticompetitivas (Los hoteles se preparan para demandar en masa a Booking).
Los cálculos preliminares estiman que los perjuicios económicos para los hoteles rondarían el 2% de su facturación durante ese periodo de 20 años. A nivel nacional, las indemnizaciones podrían situarse entre los 3.500 y 4.000 millones de euros, mientras que en Canarias el impacto se calcula en torno a los 800 millones.
Aunque en la demanda figuran grandes cadenas, la mayoría de los establecimientos adheridos son hoteles independientes o medianos. Según los peritajes aportados, un hotel que haya facturado cinco millones de euros anuales durante una década y con un 60% de ventas a través de Booking, podría reclamar cerca de 750.000 euros, a los que habría que sumar intereses.
Además del respaldo del TJUE, la ofensiva legal también se sustenta en la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que sancionó a la OTA con 413 millones de euros en julio de 2024. En este proceso, los hoteles no asumirán costes iniciales: solo pagarán honorarios si logran una compensación, en cuyo caso Eskariam cobrará un porcentaje del importe recuperado.
Este procedimiento no cuenta con el respaldo de la principal patronal hotelera Cehat, que ha optado por unirse a la demanda internacional impulsada por Hotrec desde Países Bajos. Llama la atención teniendo en cuenta que la opción nacional se plantea con un horizonte temporal más corto, en torno a seis años, frente a los 15 o 20 que podría durar el litigio europeo.