Las patronales turísticas de Canarias cifran en 3.586 millones de euros anuales el impacto que puede tener la residencialización de los complejos turísticos sobre la facturación del sector y advierten de que una liberalización generalizada pondría en riesgo 88.000 empleos y cerca de 943 millones de euros de recaudación fiscal (Canarias da luz verde a la nueva ley que limita los pisos turísticos).
FEHT Las Palmas, Ashotel, Asofuer y Asolan han fijado esta posición ante la reforma normativa que prepara el Gobierno de Canarias para regular el uso residencial en inmuebles turísticos. Las organizaciones respaldan actualizar una normativa que consideran desfasada, pero rechazan que el cambio permita convertir de forma indiscriminada alojamientos turísticos en viviendas.
El principal temor del sector es que la salida progresiva de unidades de la explotación turística reduzca el parque alojativo reglado y termine afectando a la propia viabilidad de los complejos. Las patronales advierten además de que, cuando una parte de los propietarios deja de participar en la actividad turística, se complica el mantenimiento de las instalaciones, las zonas comunes y los servicios que presta el establecimiento.
Las cifras económicas proceden de estudios del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presentados en 2024. El sector utiliza estos datos para advertir de que el fenómeno no afecta únicamente a la configuración de los complejos, sino también a la actividad económica que generan y a los ingresos de las administraciones públicas.
Sin embargo, las patronales plantean diferenciar las situaciones que ya están consolidadas de las que puedan producirse en el futuro. En este sentido, consideran legítimo buscar una solución para los propietarios que puedan acreditar un uso residencial anterior al 1 de enero de 2017, mientras rechazan que ese reconocimiento sirva para extender el uso residencial a nuevas unidades concebidas para el alojamiento turístico.
También considera que los casos particulares deben analizarse individualmente y que las posibles irregularidades o expedientes existentes deben resolverse por las vías previstas, en lugar de modificar el marco general para permitir una residencialización progresiva de los complejos.