El gobierno de Canarias prepara una reforma para que determinados propietarios que llevan años viviendo en apartamentos de complejos turísticos puedan mantener legalmente su uso como vivienda habitual. La iniciativa busca dar respuesta a una situación que choca con las normas que obligan a gestionar estos establecimientos como una unidad turística (Canarias frena el plan del PSOE para residencializar las zonas turísticas).
El cambio no permitirá convertir libremente cualquier apartamento en vivienda residencial. Los propietarios deberán demostrar que existe un uso residencial consolidado y cumplir los requisitos legales y urbanísticos que se establezcan. Por ahora, el Ejecutivo no ha concretado las condiciones ni los plazos para acogerse a la futura regulación (Canarias: 3.586 millones en juego por abrir los inmuebles turísticos al uso residencial).
Los ayuntamientos tendrán un papel clave, ya que son los responsables de la ordenación urbanística y deberán comprobar si cada caso se ajusta al planeamiento municipal. La consejera de Turismo, Jéssica de León, defiende que la solución debe adaptarse a las circunstancias de cada complejo y contar con la colaboración de las administraciones implicadas.
Canarias ya dispone de mecanismos legales para reconocer determinados usos residenciales y permitir cambios de uso turístico a residencial en supuestos concretos. Sin embargo, estos procedimientos están sujetos a condiciones y no permiten que cada propietario transforme su apartamento por decisión propia. La nueva reforma pretende revisar cómo se regulan estas situaciones.
El anuncio llega seis días después de que el Parlamento canario rechazara tramitar una propuesta del PSOE para regular la convivencia entre residentes y turistas en estos complejos. Los hoteleros valoraron positivamente el rechazo, al considerar que la iniciativa podía consolidar usos residenciales sin delimitar los inmuebles afectados ni acreditar desde cuándo estaban ocupados.
La reforma se incorporará a la futura ley turística con la que el gobierno autonómico pretende reorganizar la normativa del sector. El texto aún debe avanzar en su tramitación antes de que las nuevas medidas puedan entrar en vigor. Hasta entonces, los propietarios seguirán sujetos a la legislación actual y a los procedimientos previstos para cada caso.