El anteproyecto de ley con el que el Gobierno de Canarias pretende acabar con el desmadre que reina en el alquiler vacacional, que ha experimentado un crecimiento meteórico y descontrolado en la última década, levanta ampollas entre los propietarios de las viviendas, muchas de ellas en manos de grandes tenedores (Canarias: 35 inspectores para controlar 54.000 viviendas vacacionales).
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) habla directamente de que su entrada en vigor supondrá “el exterminio” de su modelo de negocio, provocando su desaparición “paulatina pero inexorable”. Denuncia que Canarias pretende aplicar la normativa más restrictiva de España y de la Unión Europea.
La agrupación afirma que la pretensión del Ejecutivo autonómico es “prohibir las nuevas viviendas vacacionales en Canarias desde ya e ir eliminando las que ya están ejerciendo la actividad legalmente”.
“No se van a admitir más altas salvo que las autorice expresamente el Plan General de Ordenación, y prácticamente ninguno de los 88 municipios de Canarias lo tiene adaptado para prever viviendas vacacionales. Quedarán automáticamente prohibidas en todos ellos y además se imponen tantos y tales condicionantes a los ayuntamientos que quieran autorizar que será de muy difícil cumplimiento”, sostiene.
En relación a las viviendas que ya ejercen la actividad, Ascav denuncia que se les exigirán requisitos “de imposible cumplimiento”, como el plazo de cinco años para que se adapten desde el punto de vista técnico a determinadas cuestiones energéticas. Pasado este tiempo “se les dará la puntilla”, dejando fuera a los alojamientos en edificios plurifamiliares, adosados, en asentamientos agrícolas y fuera de ordenación, así como a las que ofrezcan más de ocho plazas.
También crítica el hecho de que el anteproyecto incluya la prohibición de ejercer la actividad durante diez años a todas las viviendas a las que se les revoque la declaración responsable.