El Parlamento de Canarias ha rechazado la proposición de ley del PSOE que pretendía facilitar la residencialización de complejos turísticos. Los hoteleros insulares celebran que la iniciativa no haya obtenido apoyo mayoritario, y advierte de que podía consolidar usos residenciales sin delimitar las viviendas afectadas ni acreditar desde cuándo estaban ocupadas (Canarias: alerta por la residencialización de los inmuebles turísticos).
La propuesta buscaba declarar compatibles los usos residenciales ya existentes en parcelas turísticas o mixtas. Según Ashotel, el texto no fijaba una fecha de corte, no exigía acreditar la residencia ni contemplaba un censo previo. La patronal considera que estos cambios podían alterar las reglas del modelo turístico sin garantías suficientes para propietarios, empresas y municipios (Canarias: 3.586 millones en juego por abrir los inmuebles turísticos al uso residencial).
Su presidente, Jorge Marichal, reconoce que las familias que residen en estos complejos necesitan una solución, pero reclama conocer primero el alcance del problema. “Esa solución también debe respetar la seguridad jurídica de todos los propietarios, no solo de unos, y no desmontar por la puerta de atrás un modelo que ha dado a Canarias un turismo de calidad y miles de empleos”, afirma.
Otro de los puntos de conflicto es la unidad de explotación, cuestionada en la proposición. Ashotel defiende que este principio garantiza estándares homogéneos, una responsabilidad única frente al cliente y la protección del consumidor, además de facilitar los contratos con turoperadores. “Mezclar sin orden la residencia y la explotación turística en un mismo complejo perjudica al residente y al visitante”, sostiene Marichal.
La patronal también critica que la iniciativa planteara paralizar expedientes sancionadores, archivar procedimientos en curso y extinguir sanciones firmes pendientes de pago. A su juicio, esto supondría una “amnistía” para determinadas ocupaciones y un agravio para quienes cumplieron la normativa. Además, cuestiona que se pretendieran derogar disposiciones ya modificadas por leyes posteriores.
Con todo ello, sostiene que legalizar ocupaciones existentes tampoco resolvería por sí solo la emergencia habitacional, porque no añadiría nuevas viviendas al parque residencial. Como alternativa, propone cambios de uso ordenados en complejos obsoletos, decididos por los ayuntamientos mediante su planeamiento, y un impulso a la vivienda protegida. La asociación se ofrece a colaborar con las administraciones para buscar una solución consensuada.