La consejera de Turismo de Canarias, Jéssica de León, ha confirmado que tanto su vehículo como su vivienda han sido objeto de ataques con piedras en las últimas semanas en pleno debate por la nueva ley que regula el alquiler vacacional en las islas. La situación salió a la luz después de que el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, revelara estos hechos en una entrevista radiofónica (Canarias da luz verde a la nueva ley que limita los pisos turísticos).
Según informa El Día, De León, que había evitado hacerlos públicos hasta ahora, ha señalado que no ha querido “victimizarse por esto”. Según ha explicado, ya ha presentado “dos denuncias” por lo que describe como “amenazas veladas”, y ha expresado su deseo de que el debate sobre continúe “de forma serena” pese al clima de tensión generado por la tramitación de la ley.
En su opinión, quienes han llevado a cabo las agresiones “no representan al conjunto de la ciudadanía”, aunque ha reconocido que los desacuerdos sobre la regulación han sido constantes desde el inicio del proceso. De hecho, incluso ha tenido que aclarar a su propio partido el objetivo y la dirección de la regulación, que finalmente ha sido respaldada al observar experiencias similares en otras ciudades, como Málaga o Madrid.
El debate se ha polarizado entre vecinos que han visto crecer de forma intensa la presencia de pisos turísticos en sus barrios, con efectos directos en el aumento de los precios de alquiler residencial. Por su parte, los pequeños propietarios alertan de que las nuevas exigencias legales podrían expulsarlos del mercado, ya que la normativa limitaría su participación en la actividad turística frente a las grandes empresas del sector.
Como publicó Preferente, la ley establece que las viviendas de uso turístico no se consideran residenciales, sino actividades económicas o de hospedaje, por lo que solo podrán operar cuando el planeamiento urbanístico municipal lo permita expresamente. Cada ayuntamiento tendrá la responsabilidad de definir las zonas donde se autoriza la actividad. Además, en suelo residencial, la norma reserva entre el 80% y el 90% para vivienda habitual, según la presión del mercado.
De igual manera, la normativa prohíbe la actividad turística en viviendas protegidas, suelos rústicos, espacios naturales protegidos y zonas Red Natura 2000, salvo que el planeamiento ambiental lo justifique. En áreas declaradas como mercados tensionados, se suspenderá la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos. Aunque hasta ahora el ejecutivo autonómico no ha declarado ninguna, varios ayuntamientos, como Las Palmas, han solicitado hacerlo.