
En muchos lugares de España, el legislador primero permite edificar y después, ante la presión social, ante la necesidad de pactos electorales o ante cualquier otra situación, cambia de opinión y rectifica. Eso no es gratis: supone millones, porque los inversores suelen haberse posicionado apenas hay una apertura legal (Canarias: la moratoria turística le cuesta más de 300 millones).
Canarias, en este sentido, ya ha pagado 275 millones de euros por 27 moratorias turísticas que han afectado a diversos promotores y que habrían terminado ganando sus demandas judiciales. En estos 27 casos, el Gobierno logró acuerdos extrajudiciales que reducen los costes.
Manuel Miranda, el asesor del área de Política Territorial del Gobierno de Canarias, dijo en el Parlamento que el primer pago se hizo el pasado 14 de agosto, por 25 acuerdos que alcanzan 261 millones de euros, y que hubo un segundo pago, en este caso de algo menos de 14 millones, el 26 de octubre, por el capital y los intereses. Quedan aún 40 millones más.
Estos acuerdos se cierran a veces 20 años después de las normas que rectifican y corrigen derechos adquiridos de diferentes empresarios. Las reclamaciones iniciales eran de 990 millones, pero las negociaciones, a cambio de liquidar rápidamente el problema, permitieron una fortísima reducción del precio.
El origen de estas indemnizaciones está en la Ley de Medidas Urgentes de Canarias de 2009, que abrió la puerta a que los propietarios de terrenos turísticos afectados por la moratoria y que permanecían sin edificar pudieran solicitar su recalificación como suelo rústico y reclamar una compensación económica por los derechos de construcción que habían perdido.

