La Justicia ha declarado nulo el acuerdo que regulaba la compensación de los descansos entre jornadas en 15 hoteles de Riu en Canarias, una decisión que obliga a replantear una cuestión que se ha convertido en uno de los principales frentes de la negociación laboral en el archipiélago. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima la demanda presentada por CCOO contra el pacto de agosto de 2024 entre UGT Canarias y varias sociedades de la cadena (Boom inaudito en Canarias según Meliá, Riu e Iberostar).
Según Cinco Días, el acuerdo contemplaba que, cuando no se respetaran las 12 horas mínimas de descanso entre dos jornadas laborales, los trabajadores pudieran recuperar ese tiempo mediante descansos alternativos. Sin embargo, también abría la puerta a una compensación económica cuando esa recuperación no fuera posible, una fórmula que el tribunal considera incompatible con la normativa vigente.
La resolución recuerda que la legislación permite adaptar determinados aspectos de la jornada en actividades como la hostelería, pero establece expresamente que los descansos compensatorios no pueden sustituirse por pagos económicos, salvo excepciones muy concretas. Por ese motivo, la Sala concluye que el acuerdo vulnera disposiciones de obligado cumplimiento y declara su nulidad.
La decisión judicial llega en pleno proceso de negociación del nuevo convenio de hostelería de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Desde CCOO defienden que el modelo debe garantizar tiempos de descanso efectivos y limitar el impacto que tienen los desplazamientos y los turnos partidos sobre la vida de los trabajadores.
Fuentes de Riu comentan a Preferente que respetan la sentencia y entienden la situación que se vive en el archipiélago. En este punto, su esperanza recae en la negociación de un nuevo convenio mediante un acuerdo con los sindicatos que permita adaptar la organización de los horarios a la realidad actual del destino sin renunciar a las garantías laborales.
Según señalan, detrás de la discusión sobre los descansos existen dificultades estructurales, como la escasez de vivienda asequible, las largas distancias entre el domicilio y el lugar de trabajo o los problemas para encontrar y retener personal. De momento, la sentencia ha sido recurrida, y subrayan que el debate jurídico sigue abierto y podría acabar siendo aclarado por el Tribunal Supremo, ya que existen distintos pronunciamientos judiciales sobre esta materia.