Canarias ha conseguido rebajar en unos 500 millones de euros la factura derivada de la moratoria turística que arrastra desde hace casi 25 años. El gobierno autonómico y los hoteleros han cerrado un acuerdo por el que la Comunidad pagará aproximadamente la mitad de los más de 1.000 millones que llegaron a reclamar los propietarios de los terrenos, poniendo así fin a una larga batalla judicial y administrativa (El Supremo condena a Canarias a indemnizar por la moratoria).
Según El Día, el origen de la deuda está en las limitaciones al crecimiento turístico implantadas a comienzos de siglo. Aquellas medidas bloquearon durante años determinados desarrollos urbanísticos y afectaron a terrenos que habían sido destinados a usos turísticos. Con el paso del tiempo, sus propietarios comenzaron a reclamar compensaciones por la pérdida de los derechos que tenían sobre esas parcelas.
La disputa fue creciendo a medida que se acumulaban los expedientes sin una resolución definitiva. Las reclamaciones iniciales, que llegaron a superar el medio centenar, terminaron reducidas a 36 procedimientos, concentrados sobre todo en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura, además de otros casos en Lanzarote y Tenerife. La falta de una solución durante años elevó progresivamente las cantidades reclamadas y llevó el conflicto hasta una cifra superior a los 1.000 millones.
El acuerdo alcanzado ahora cambia por completo el impacto económico del litigio. Las empresas aceptan renunciar a alrededor de la mitad de sus pretensiones a cambio de cobrar la cantidad restante y cerrar los procedimientos judiciales. Para el Ejecutivo autonómico supone evitar un desembolso cercano a 500 millones, una cifra equivalente aproximadamente al 4% del presupuesto de Canarias.
El pacto también desbloquea la situación de varios proyectos turísticos que quedaron atrapados durante años por la controversia sobre los terrenos. Algunos podrán volver a plantearse, aunque su recuperación se produce en condiciones muy distintas a las existentes cuando fueron diseñados, con un encarecimiento notable de la construcción y de la financiación. Entre las compañías relacionadas con los expedientes figuran Satocan, Dreamplace y Lopesan.