El Ministerio de Vivienda ha presentado la reducción del número de viviendas de uso turístico como un efecto de sus políticas, pese a que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) utilizados para ese mensaje están condicionados por un cambio metodológico que rompe la serie histórica y limita la comparabilidad de las cifras (El alquiler turístico se frena en seco y vuelve a niveles de 2023).
Como publicó Preferente, ayer se informó de un descenso interanual del 12,4% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, hasta 329.764 pisos turísticos, unos 47.000 menos que un año antes. No obstante, el organismo alteró en 2024 los meses de referencia para la recogida de información, lo que impide comparar directamente los últimos datos con periodos anteriores y dificulta evaluar la evolución real del mercado.
Según apunta Vozpópuli, hasta entonces, las cifras se obtenían en febrero y agosto, mientras que desde el segundo semestre de 2024 se recopilan en mayo y noviembre. Este cambio rompe la continuidad de la serie estadística y ha sido señalado por economistas como un factor que distorsiona el análisis del descenso observado.
Pese a estas limitaciones estadísticas, el Ministerio de Vivienda presumió en las redes sociales de que la caída del número de pisos turísticos se debía a las políticas del Ejecutivo. Además, posteriormente publicó una aclaración tras las dudas generadas por la interpretación de los datos que seguía defendiendo la misma posición.
Desde el INE justifican el cambio como “una decisión técnica” para reflejar mejor la oferta turística antes de las temporadas de mayor actividad, y descartan aportar cifras con los antiguos meses de referencia por la complejidad del proceso de extracción de datos mediante web scraping. Así, señala que será necesario acumular varios semestres con la nueva metodología para confirmar si la caída responde a un cambio estructural o a un efecto estadístico.
La modificación coincide con un contexto de cambios regulatorios en el sector. En abril de 2025 entró en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite a las comunidades de propietarios prohibir el uso turístico en sus edificios, y en julio se activó el Registro Único Estatal de Arrendamientos de Corta Duración, obligatorio para anunciar viviendas en plataformas digitales.