El Gobierno central reconoce abiertamente lo que los empresarios turísticos y de otros sectores económicos llevan tiempo denunciando: el aumento descontrolado de las viviendas vacacionales está afectando sobremanera a los residentes por el encarecimiento insostenible del alquiler convencional (Escarrer: “Hay que poner coto al desmadre de la vivienda vacacional”).
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, habla en una entrevista concedida a El País sobre la gravedad de la situación. “No podemos mirar para otro lado porque esta actividad económica está afectando a un derecho constitucional. Tendremos que intervenir y limitar los pisos turísticos”, avisa.
Avanza que “el próximo mes voy a convocar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para abordar este asunto a través de la conferencia sectorial de Vivienda, conjuntamente con la conferencia sectorial de Turismo, y a través de las comisiones de Vivienda y Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias”.
Rodríguez recuerda que “tenemos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que vienen a decir que hay una imperiosa necesidad de abordar la cuestión, y vamos a explorar la jurisprudencia europea”. “Vamos a apurar nuestras competencias en el ámbito estatal donde también tenemos jurisprudencia del Tribunal Supremo en lo que se refiere a las comunidades de vecinos”, agrega.