
El Gobierno de España ha contestado al Ejecutivo canario que las concesiones “compensatorias” sobre domino público marítimo-terrestre, como la ostentada por la mercantil Geafond Número Uno Lanzarote para gestionar el hotel RIU Oliva Beach, son competencia estatal y no autonómica, por lo que exige su demolición.
La Moncloa ha contestado al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno regional en relación con la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del pasado 27 de febrero que declara la caducidad de la concesión de uno de los hoteles de RIU en las Dunas de Corralejo y ordena su demolición.
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(El Gobierno no cede y exige la demolición del Riu Oliva Beach en Fuerteventura)

