
Los grandes municipios turísticos de sol y playa están soportando un aumento constante del gasto público sin que el Gobierno central haya adaptado el sistema de financiación a la nueva realidad del sector. Los ayuntamientos alertan de que el crecimiento continuo de visitantes obliga a reforzar servicios básicos con recursos propios, pero el apoyo estatal brilla por su ausencia (Adeje, Benidorm, Salou, Torremolinos y otros 4 destinos, desbordados por el turismo).
Tal y como apunta Expansión, Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos han denunciado que sus presupuestos no reflejan el impacto real de la actividad turística. “Solo en la limpieza y recogida de residuos gastamos 14 millones de euros al año y el 40% se debe al incremento de la población derivada del turismo”, ha avisado la presidenta de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT), Fátima Lesmes.
En este sentido, critican que la normativa estatal vigente desde 2004 no se ha actualizado y excluye a la mayoría de destinos con alta presión turística. Concretamente, establece requisitos demográficos y de vivienda que dejan fuera a municipios con millones de pernoctaciones y una ocupación constante. Como resultado, solo uno de los ocho municipios integrados en la alianza recibe actualmente financiación adicional del Estado (La norma que penaliza a Benidorm, Salou, Torremolinos y otros municipios del litoral).
Así, pese a que el Ministerio de Turismo reconoce que la revisión del modelo está incluida en la Estrategia Sostenible de Turismo 2030, la reforma normativa sigue sin concretarse. Por ello, los alcaldes consideran que la falta de cambios efectivos prolonga un sistema que no tiene en cuenta la magnitud del turismo actual ni el gasto estructural que genera en los servicios públicos locales.
En este contexto, la alianza plantea una modificación del marco de financiación que amplíe los criterios de acceso a recursos estatales, incorporando indicadores como el número de pernoctaciones o las plazas de alojamiento. El objetivo es que los municipios con una carga turística permanente puedan recibir fondos acordes a los servicios que prestan a residentes y visitantes.

