La batalla contra la oferta ilegal de viviendas turísticas había empezado, por fin, a dar resultados gracias a la combinación del registro único de alquileres de corta duración y el endurecimiento de los controles autonómicos y municipales (Los pisos turísticos de no residentes inundan Baleares).
Sin embargo, el fallo del Tribunal Supremo, que el pasado mes de mayo anuló el registro único, ha encendido las alarmas en el sector turístico. Exceltur advierte que la sentencia deja un vacío legal, lo que podría volver a abrir la puerta a miles de viviendas turísticas que fueron declaradas ilegales (El Supremo aviva el miedo al descontrol del alquiler turístico).
Hasta mayo, antes de conocerse la resolución judicial, el número de plazas de viviendas de uso turístico (VUT) en las 25 principales ciudades españolas se había reducido un 10%, hasta las 330.516. En términos absolutos desaparecieron 36.911 plazas respecto al mismo mes de 2025, según los datos recabados por Exceltur.
Madrid y Barcelona concentraron la mayor parte del ajuste, con cerca de 15.000 plazas menos entre ambas. También se registraron fuertes caídas en Valencia (-15,2%), Alicante (-18,6%), Las Palmas de Gran Canaria (-11,9%), San Sebastián (-9,3%) y Toledo (-10,8%).
No obstante, los mayores descensos corresponden a aquellos destinos donde las administraciones han intensificado las inspecciones y sanciones. Se trata de Ibiza, que redujo en un 61,5% sus plazas turísticas; A Coruña, con un 37,2%; Palma, con un 36,5%; Murcia, con un 34,5%; Santander, con un 28,2%; y Santiago de Compostela, un 21,5%. Solo Málaga (+0,7%) y Sevilla (+0,3%) siguieron aumentando su oferta.
Para Exceltur, estos datos evidencian que el registro único, unido a la actuación de comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos, ha servido para retirar del mercado miles de propiedades que no cumplían la legislación vigente.
La preocupación ahora es que se pierdan los avances logrados para combatir la oferta ilegal. Es por ello que el lobby turístico reclama al Gobierno que resuelva cuanto antes el vacío legal provocado por la derogación del registro único y refuerce la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal, alertando que “generan desbordamiento de los destinos y deterioro de la calidad de la experiencia turística”.