
La anulación del registro único de pisos turísticos por parte del Tribunal Supremo deja en el aire el control sobre más de 100.000 viviendas que habían sido bloqueadas por el sistema estatal y que ahora podrían volver a anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking (El Tribunal Supremo tumba parte del registro estatal de pisos turísticos).
La sentencia considera que el Estado invadió competencias autonómicas al crear un registro nacional que “se superpone a los registros autonómicos existentes”. Mantiene viva la ventanilla única digital y la obligación de intercambio de datos con las plataformas, pero elimina el punto más clave: el número estatal obligatorio que permitía validar o rechazar anuncios turísticos antes de su publicación.
Según el Ministerio de Vivienda, el registro había permitido detectar más de 111.000 alquileres irregulares desde su entrada en funcionamiento. Muchas solicitudes fueron rechazadas porque las comunidades de propietarios prohibían expresamente el uso turístico de las viviendas, aunque los inmuebles sí contaban con licencias autonómicas (El nuevo registro tumba más de 84.000 solicitudes de pisos turísticos).
Sin ese filtro estatal, asociaciones del sector consideran que buena parte de esos pisos podrá regresar al mercado turístico. Es más, la propia directora general de Apartur, Marian Muro, ya lo ha confirmado. “En el momento en el que salga publicada en el BOE volvemos a la situación anterior”. Es decir, los propietarios que disponían de licencia autonómica y fueron rechazados por el registro estatal “podrán volver a alquilar su casa en Booking o Airbnb”.
Esta situación volvería a alimentar un desmadre que preocupa a gran parte del sector turístico desde hace años. Gabriel Escarrer, CEO de Meliá, y una de las figuras más importantes del turismo español, alertó de que “el descontrolado crecimiento de la oferta del alquiler turístico insuficientemente regulado o ilegal es una de las claves de la situación que se está viviendo en muchos destinos y que está derivando en desconfianza y rechazo por parte de los ciudadanos”.
De igual manera, Exceltur manifestó hace unos meses que el registro único estaba sirviendo para “frenar al principal causante del desbordamiento de la oferta turística en las ciudades españolas producido en los tres últimos lustros, con sus negativos efectos tanto sobre el mercado de la vivienda como sobre la convivencia ciudadana”. De hecho, en el último semestre del año pasado, se consiguió reducir por primera vez su volumen en España en un 4%.
Con todo ello, el Gobierno sostiene que ahora serán las comunidades autónomas las que deberán asumir el control sobre los alquileres de corta duración. El Ministerio de Vivienda ya ha pedido a las autonomías que refuercen inspecciones y comprobaciones para evitar que el vacío dejado por el registro único reactive miles de anuncios irregulares.

