
El Tribunal Supremo ha tumbado una parte del registro único de arrendamientos de corta duración. La sentencia anula la obligación de obtener un número estatal de registro para anunciar viviendas en plataformas como Airbnb o Booking al considerar que el Ejecutivo invade competencias que pertenecen a las comunidades autónomas (El alquiler turístico en España, al borde del colapso normativo).
La decisión llega tras el recurso presentado por la Generalitat Valenciana, que cuestionó desde el inicio la capacidad del Estado para imponer este sistema. El alto tribunal le da ahora la razón y concluye que el Gobierno podía fijar criterios generales de coordinación, pero no diseñar un procedimiento completo y obligatorio para registrar viviendas turísticas en todo el país.
El decreto, aprobado a finales de 2024, obligaba a los propietarios de alquileres de corta duración a solicitar el denominado Número de Registro Único de Alquiler (NRUA) antes de publicitar sus inmuebles en plataformas digitales. Además, según El Economista, daba margen a los registradores para rechazar solicitudes si detectaban irregularidades urbanísticas, limitaciones en los estatutos vecinales o problemas con la identificación de la vivienda.
La medida empezó a aplicarse en julio de 2025 y movilizó miles de solicitudes en pocos meses. Según los datos recogidos en la resolución judicial, el Registro de la Propiedad recibió más de 400.000 peticiones. De ellas, cerca de 300.000 fueron aprobadas definitivamente, mientras que algo más de 84.000 acabaron rechazadas y otras 16.000 quedaron en situación provisional (El nuevo registro tumba más de 84.000 solicitudes de pisos turísticos).
En su análisis, el Supremo considera que el decreto iba mucho más allá de establecer unas bases comunes. La sentencia recalca que el Estado reguló de forma minuciosa todo el proceso: desde la documentación necesaria hasta la asignación automática del número de registro y los pasos para corregir errores o subsanar incidencias. Para los magistrados, esa “regulación pormenorizada” excede las competencias estatales en materia económica.
El tribunal sí reconoce que el auge de los pisos turísticos exige coordinación entre administraciones y mecanismos para identificar a propietarios y viviendas, tal y como reclama la normativa europea. Sin embargo, advierte de que esa cooperación debe hacerse respetando las competencias autonómicas y no mediante un sistema estatal que, en la práctica, se superpone a los registros que ya tienen varias comunidades autónomas.

