Airbnb ha puesto el grito en el cielo contra el Gobierno de Escocia, apenas seis meses después de la introducción de una nueva legislación que permite que todo el que quiera pueda inscribirse en la plataforma, pero con una licencia.
El detalle es que la licencia, que conceden las autoridades locales, tiene un coste de algo más de 6.500 euros. Y Airbnb acusa el golpe.
La norma tiene ahora seis meses en vigencia, por lo que los comentarios sobre su utilidad tienen más sentido.
La intención declarada del gobierno de Escocia fue que esa medida obligara a muchos propietarios a considerar el alquiler a largo plazo, para particulares, en detrimento del alquiler vacacional. Amanda Cupples declaró a la prensa escocesa que “los datos muestran que las regulaciones aplicadas a los alquileres vacacionales han resultado una limitación que no beneficia a los propietarios”.
Lo que también ha ocurrido es que los precios de los alquileres han seguido subiendo mientras que muchas familias que se beneficiaban del alquiler vacacional no han podido acogerse por la traba de acceso.
La portavoz de Airbnb dice que “desde que estas normas están en vigor, tanto los precios de los alojamientos vacacionales como de los alquileres de largo plazo han subido y, al mismo tiempo, el turismo ha sufrido y miles de familias han perdido una fuente de ingresos vital”.