Nada que no conozcamos en España, pero en todo caso el caso francés tiene una vertiente muy complicada: los políticos han decidido abordar el lío que ha generado Airbnb en las ciudades francesas. Simplificado, el problema es que un turista paga por una vivienda mucho más que un residente, como es lógico. Que incontables viviendas se dediquen al turismo (a Airbnb) supone un encarecimiento tremendo del precio de la misma.
Ahora, tres diputados, Julien Bayou, Christophe Plassard e Iñaki Echaniz, han presentado en el Parlamento siete propuestas para limitar el impacto de estos alquileres sobre la disponibilidad de alojamiento en zonas turísticas. “Los precios son de locura, llegamos a situaciones en las que la gente local no puede vivir”, explica Echaniz.
La legislación que presentan es ajena a un partido y a una región. Proponen la reducción del número de pernoctaciones, de 120 a 90 noches como máximo al año, y reformar de la fiscalidad de las segundas residencias, para permitir que los municipios les cobren más impuestos sin perjudicar a los habitantes durante todo el año.
Se está ahora mismo redactando un proyecto de ley, con el objetivo de que se tramite en junio. También piden más controles sobre las prácticas fraudulentas de los arrendadores, como determinadas estrategias utilizadas para deshacerse de un inquilino en temporada alta.