El Senado francés aprobó esta semana una dura ley que da poderes a los alcaldes prácticamente para que acaben con las viviendas vacacionales y plataformas tipo Airbnb. Igualmente, pone fin a una laguna fiscal que beneficiaba este producto (Lucha frontal contra el alquiler de Airbnb en Francia).
La decisión unánime ha sido una sorpresa dado que en la Cámara baja la derecha había votado en contra. Ahora, los alcaldes podrán actuar con respaldo legal.
La ley permite a los alcaldes prohibir el alquiler vía Airbnb o similares por un periodo superior a los 120 días al año (cuatro meses). Las viviendas vacacionales han de cumplir con la clasificación energética D, aunque dispondrán de una década para alcanzar esta meta (Francia declara la guerra a Airbnb por el precio del alquiler).
Los ingresos que obtienen los propietarios de estas viviendas tenían una reducción del 70 o del 50 por ciento en su tributación. Ahora sólo podrá reducir sus ingresos y consiguientemente la tributación fiscal en un 30 por ciento. Airbnb, para quien Francia es un mercado importante, dijo que estaba abierta a los cambios y pidió atacar a los especuladores.
Francia vive un grave problema de vivienda en las zonas turísticas porque los precios se han disparado debido a este tipo de oferta vacacional, casi equiparada a los precios de los hoteles. La diferencia fiscal también era importante porque un alquiler normal tributa como ingreso en el cien por ciento y el alquiler vacacional tenía una reducción sustancial, ahora aminorada.