El éxito o el fracaso de un modelo de negocio suele depender de cuestiones que no siempre se perciben a primera vista pero que, en el caso de Francia, podrían haberse puesto en juego. El Tribunal de Casación del país galo emitió un dictamen esta semana que puede resultar demoledor para Airbnb (Consumo multa a Airbnb con 64 millones por anunciar viviendas turísticas ilegales).
En el mundo de Internet, existe una doctrina que las empresas de tecnología lograron imponer, según la cual ellas son una especie de escaparate abierto en el que los responsables de lo que se muestra son los que exhiben allí su contenido. Si un periódico o una radio dicen una barbaridad, la radio o el periódico son responsables, si en Google o Facebook usted encuentra alguien que hace lo mismo, el responsable es ese alguien y no las plataformas.
A esto se acoge normalmente Airbnb cuando permite que los pisos y casas que muestra no cumplan con las normas de un país, se subarrienden o incurran en otras infracciones. Airbnb dice “acudan a los propietarios de los pisos”, lavándose las manos.
Pero ahora, los jueces del Tribunal de Casación de Francia han determinado que “no puede considerarse que Airbnb sea un proveedor de alojamiento web” como son Google o Facebook “porque desempeña un papel activo con respecto a los usuarios, lo que le permite conocer y controlar las ofertas publicadas en su plataforma”.
Por este motivo, añaden, “puede ser considerado responsable si los internautas utilizan su plataforma para subarrendamientos ilegales”.
Así se abre toda una puerta para la sanción a la ilegalidad en esta plataforma: basta con acudir a Airbnb sin necesidad de localizar al propietario del apartamento o piso infractor. Y ya se encargará Airbnb de controlar lo que ofrece, que por algo se queda con suculentas comisiones.
Atención España que este es un paso importante por lo menos para evitar la parte más fraudulenta del negocio.