La presencia de varios dirigentes de Més per Mallorca y de Sumar en la concentración convocada en Palma a favor de las activistas antiturismo que asaltaron cinco inmobiliarias de Santa Maria ha provocado un fuerte malestar en el seno de la Guardia Civil. Los agentes cuestionan que cargos públicos apoyen a personas investigadas en una causa penal que continúa abierta y en la que se les atribuyen varios delitos (Mallorca: la Guardia Civil detiene a dos activistas por el manual antiturismo).
“Parece mentira que unos servidores públicos se pongan del lado de unas acusadas de delitos, aunque tampoco es algo que nos extrañe a estas alturas”, apuntan algunas fuentes a Última Hora. Entre los asistentes se encontraban el coordinador general de Més, Lluís Apesteguia; el diputado de Sumar-Més en el Congreso, Vicenç Vidal, y el exdirigente ecosoberanista Mateu Morro, quienes criticaron el operativo policial y calificaron las detenciones de desproporcionadas.
La reacción de los agentes llega después de que trascendiera el contenido del atestado elaborado por el Área de Investigación de la Guardia Civil del Pont d’Inca. El informe, de 116 páginas, sostiene que los ataques contra las cinco inmobiliarias fueron una acción “coordinada y premeditada”, y sitúa a las dos detenidas entre las personas que, presuntamente, participaron en los hechos junto a otros implicados (“Los que cometan delitos contra intereses turísticos en Mallorca serán detenidos”).
Las dos investigadas permanecen en libertad con cargos y el atestado les atribuye presuntos delitos de daños y pertenencia a grupo criminal. La investigación reúne, entre otros elementos, imágenes de cámaras de seguridad, análisis de redes sociales y distintas pruebas recopiladas durante meses de pesquisas.
En paralelo al desarrollo de la investigación, el caso ha dado el salto al ámbito político. Vicenç Vidal ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones sobre el operativo, mientras que Podemos ha registrado varias preguntas en el Congreso sobre la actuación policial. Frente a esas críticas, la Guardia Civil defiende que todas las actuaciones se realizaron bajo dirección judicial y rechaza que se ponga en duda el trabajo de los investigadores mientras el procedimiento continúa en marcha.