Las tres patronales hoteleras de Baleares, FEHM, FEHIF y ASHOME, han propuesto al Govern seguir utilizando el Registro de la Propiedad para identificar las viviendas de alquiler de corta duración, reforzando así el control de la oferta ilegal (Mallorca: descubren miles de anuncios sin licencia visible en Airbnb).
Su planteamiento consiste en adaptar la Ley 8/2012 del Turismo al reglamento europeo sobre alquileres de corta duración y a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que, aunque anuló determinados artículos de la regulación estatal sobre alquileres de corta duración porque excedían las competencias del Gobierno central, abrió la puerta a la implantación de una medida similar siempre y cuando sea regulada por las comunidades autónomas (El Tribunal Supremo tumba parte del registro estatal de pisos turísticos).
Por ello, instan al Ejecutivo autonómico a mantener el identificador proporcionado por el Registro de la Propiedad y evitar la creación de registros paralelos, reduciendo costes y plazos para que las Administraciones competentes en materia de vivienda y turismo puedan disponer de información fiable.
“No planteamos una herramienta para saber únicamente cuántas viviendas turísticas hay. Planteamos un sistema que permita identificar de forma fiable, en cada momento, las viviendas destinadas al alquiler de corta duración, contribuir a que esta actividad se desarrolle respetando la legalidad y evitar que la información sobre una misma vivienda se fragmente en función del uso temporal al que se destine. Queremos que esa información sirva para que cada Administración pueda ejercer mejor sus competencias”, señalan las tres patronales.
Según explican, esta medida permitiría a Baleares adaptar su normativa turística a las exigencias europeas y, al mismo tiempo, reforzar el control previo de la legalidad de las viviendas, contribuyendo así a combatir la oferta ilegal. La propuesta plantea hacerlo aprovechando el Registro de la Propiedad ya existente, sin crear estructuras paralelas y preservando una identificación única de la vivienda.
Las patronales recuerdan que la regulación estatal, anulada el pasado mes de mayo, permitió detectar viviendas cuya titularidad o legitimación para ser comercializadas no estaba acreditada, inmuebles con prohibiciones estatutarias, viviendas sujetas a regímenes de protección pública incompatibles con el uso pretendido o problemas de identificación registral.
“Las patronales consideran especialmente relevante este mecanismo en la actual situación de emergencia habitacional, porque permite evitar que viviendas que no reúnen los requisitos legales necesarios se incorporen indebidamente al mercado turístico”, señalan.