Las condiciones exigidas para calificar a un municipio como turístico en España, a efectos de la participación en los tributos del Estado, provocan que destinos líderes del territorio nacional queden fuera de dicha catalogación, lo que impide que tengan acceso a medidas compensatorias para aliviar el sobregasto que han de llevar a cabo los ayuntamientos por la presión turística durante la temporada alta (Calviá, Benidorm, Torremolinos y otros cinco municipios dan la voz de alarma).
Según el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los municipios turísticos deben tener entre 20.000 y 75.000 habitantes censados. También se exige que no sean capitales de provincia o comunidad autónoma, así como que las segundas residencias superen a las principales.
Estos requisitos hacen que solo existan 21 municipios turísticos amparados por esta ley, de la que precisamente no se pueden beneficiar los integrantes de la Alianza de Municipios Turísticos (AMT), excepción de Salou. El resto son Adeje, Arona, Benidorm, Calviá, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos.
En declaraciones a Preferente, su presidente, Juan Antonio Amengual, reconoce que la obtención de dicha consideración “nos permitiría tener un régimen fiscal diferente, la principal reclamación en la que estamos trabajando”. “Instamos a que se nos defina como municipio turístico, lo cual requiere la modificación de una serie de parámetros para poder englobar a más municipios”, señala.
Según argumenta, las localidades que representa pueden “multiplicar por dos, por tres, por cuatro, o hasta por cinco en plena temporada, y por ello necesitan cubrir los servicios y recursos de manera extraordinaria”. “Necesitamos una fiscalidad diferenciada que nos permita invertir más y mejor en la dotación de servicios”, prosigue.
Amengual explica que los ayuntamientos de los integrantes de su agrupación “no se deducen el IVA, cosa que sería muy importante, como lo sería también poder gestionar una parte del IRPF de los impuestos de hidrocarburos o lograr una reducción de IRPF”. “En definitiva, contar con una serie de bonificaciones fiscales que nos permitan tener unos ingresos superiores, o en su defecto, unos gastos menores”, concluye.