Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla o Málaga estallan por los perjuicios que los pisos turísticos vienen causando a los residentes desde la irrupción de Airbnb, a partir de cuando se disparó agudamente el precio de la vivienda y se acentuó la pérdida de identidad de los centros históricos y se deterioró la convivencia vecinal (Riu y Escarrer dejan claro al responsable de la masificación).
Esta semana, la nueva ‘Airbnbfobia’ se ha mostrado en unas redes que se han llenado de gente denunciando que los portales de algunas ciudades andaluzas están llenos de cajas de llaves para los clientes de los pisos turísticos. «Esto antes era un hogar», reza una pegatina pegada en un candado para llaves de pisos turísticos en Sevilla (El lobby de Airbnb ataca a Exceltur sin rebatir su cascada de argumentos).
En ciudades importantes de Andalucía, como Málaga o Sevilla, aparte de pegatinas con mensajes antituristas, se está empezando a poner pegamento para evitar que puedan abrirse las cajas de llaves y así impedir la entrada de los viajeros, según Vozpópuli (Baleares pide multas espectaculares a Airbnb mientras la exime de la ecotasa).
Los lobbies del alquiler vacacional ciñen su defensa a que hacen competencia a los hoteles y a que vecinos problemáticos pueden darse también con el inquilino de larga estancia, aunque omiten referirse al encarecimiento de los pisos y a que los conflictos con un vecino residente son menos frecuentes porque le importa más su entorno (El lobby de Airbnb se debilita por su falta de argumentos).
Los usos turísticos de viviendas tuvieron su boom pese a que los planes urbanísticos de los ayuntamientos dividen las zonas en residenciales, turísticas, rústicas e industriales, a fin de equilibrar consumos de espacios públicos y recursos, pero las autoridades fomentaron este incumplimiento, seducidas por lo que se llamó «democratizar el turismo» (Vivienda, saturación y atascos: el origen del problema es el mismo).
El deseo de perjudicar a los hoteleros cegó a los gobernantes sobre que los daños iban a ser aún mayores para el conjunto de la ciudadanía, que vería desde hace casi una década aún más dificultado su acceso a la vivienda, en un profundo error de percepción entonces que recientemente fue reconocido hasta por el líder del colectivo ecologista balear GOB (Vivienda, saturación y atascos: el origen del problema es el mismo).
Asimismo, la mayoría del parque de viviendas turísticas tampoco ha acabado atomizado entre los pequeños propietarios, sino que son un reducido número el que controla una importante parte de la oferta, aunque los políticos han temido cumplir las leyes que previenen el desmadre al que se ha llegado, pensando que tras ellos habría más votantes de los que hay en realidad (La era Armengol dispara un 30% el turismo pese a las mismas camas hoteleras).
La esperada Ley de Vivienda, cuyo fin principal debiera ser abaratar el acceso a este derecho constitucional tras haberse disparado su precio en principal parte por el auge del alquiler vacacional auspiciado por Airbnb, supone una oportunidad para regular una oferta que ha crecido sin control al haber burlado los planes urbanísticos locales (Demostrado: Airbnb dispara el precio del alquiler a los residentes).
Aunque las autoridades estén intentando antes de las elecciones presentar una serie de medidas como facilitar nuevas promociones, su impacto se espera mínimo en comparación que lo que significaría devolver al mercado residencial una importante cuota de viviendas que se pasaron al uso turístico.
A nivel legislativo, la prohibición del alquiler de corta estancia en zonas marcadas como residenciales por los PGOU contaría con el refrendo jurídico que paliase la anomalía que ha supuesto en la ordenación urbana que se permita el uso turístico en áreas delimitadas por sus recursos y entorno para la utilización residencial, rústica o industrial.
Junto a la directa prohibición, con un plazo de años para que la oferta vacacional pueda adecuarse al uso que estipulan las leyes, las otras dos propuestas irían encaminadas al uso fiscal de un lado por la parte de estímulos, y de otra de penalizaciones a fin de lograr un trasvase de viviendas del mercado turístico hacia el residencial.
Las bonificaciones tributarias que compensasen la cierta pérdida de rentabilidad del alquiler de larga estancia frente al de corta supondrían una medida efectiva para potenciar este trasvase, al mismo tiempo que las penalizaciones fiscales a quienes lo mantuviesen, debido a su impacto negativo para el interés general (Propuesta: las 3 medidas para minimizar a los Airbnb).
La aplicación de estas tres propuestas representaría un impacto muy destacado en revertir la tendencia acelerada hace diez años, cuyas consecuencias actuales han sido el haber dificultado el acceso a la vivienda a los locales, el empeoramiento de la convivencia en los barrios, la pérdida de identidad de los cascos históricos y la menor contribución fiscal y laboral respecto a la oferta reglada (El ecologismo admite haber errado en apoyar el alquiler vacacional por su obsesión contra los hoteleros).