El conjunto del sector hotelero de Canarias ha unido sus fuerzas para expresar su “estupor e indignación” por la gestión del Ministerio de Transición Ecológica en el litoral de la isla. (Riu se querella contra Transición Ecológica por presunta prevaricación)
Ashotel, Asofuer, FTL y la FEHT denuncian que “el proceder del Gobierno central sobre las actuaciones en el litoral de Canarias resulta totalmente contradictorio con los propios actos del Ministerio, en particular con la transferencia de una competencia que en la actualidad ya corresponde al Gobierno de Canarias”.
De este modo, muestran su apoyo a Riu Hotels & Resorts en la polémica sobre el hotel Riu Oliva Beach de Corralejo, establecimiento al que se le otorgó el permiso para iniciar obras de remodelación, y, unos meses después, el proceso fue paralizado. A este respecto, la hotelera ha presentado una querella contra algunos miembros del Ministerio, a los que acusa de prevaricación, de “actuar con mala fe”, y de “persecución manifiesta”. (Canarias da luz verde a la reforma del mítico Riu Oliva Beach)
Para los hoteleros canarios, “la posición de este departamento del Gobierno central puede ser definida claramente como abuso de poder, por su pretensión de sustraer a la comunidad autónoma las competencias que tiene asumidas”.
Así, consideran que la paralización cautelar de las obras “es gravísima para la actividad en sí y la estabilidad de los puestos de trabajo, pues forzarán un nuevo cierre de las instalaciones del hotel, justo cuando la empresa culminaba los trámites para acometer los trabajos de rehabilitación acordes con la concesión administrativa en vigor”.
Avisan que “hay más de 400 puestos de trabajo en riesgo”. “Los trabajadores son principales damnificados por la actitud irresponsable del Ministerio, que también perjudica al conjunto de la actividad económica en el norte de Fuerteventura”.
En definitiva, los empresarios “respaldan plenamente los argumentos de la empresa Riu en defensa de sus derechos legítimos y confían igualmente en la firmeza del Gobierno de Canarias para sostener en las instancias adecuadas, incluidas las judiciales, la plena facultad de la Comunidad Autónoma para ejercer las competencias transferidas, a salvo de intromisiones y actitudes hostiles que resultan totalmente intolerables”.