La manifestación en Palma de este sábado 25 de mayo supuestamente contra la masificación turística tiene a uno de sus promotores como es el Forum de la Societat Civil pidiendo como primera medida prohibir los jets privados (Mallorca: ponen fecha a la primera protesta contra el turismo).
Esta contradicción se suma a una larga lista que en los pasados años ha caracterizado a los más fervientes ‘antiturismo’, que se muestran en contra de una cosa y su absoluta contraria.
Quienes piden turismo de calidad quieren a su vez prohibir los jets privados como primera prioridad. Quienes criticaban a los hoteleros por destruir territorio al mismo tiempo les reprochaban que invirtieran fuera. Quienes repudiaban el ‘todo incluido’ porque el turista no gastaba fuera del hotel, ahora lo hacen porque colapsan playas y atractivos. Y sobre todo, los que propugnaban «democratizar» la oferta alojativa, entre ellos como reconoció el propio GOB, acusan de que su deseado modelo luego ha conllevado gentrificar.
Del parque de unas 600.000 viviendas que hay en Baleares, durante el gobierno de Francina Armengol se presumió de haber sacado unas 100.000 de ellas desde el uso residencial al turístico. Resulta obvio el impacto de promocionar este formato para el precio de la vivienda y el equilibrio en vías públicas. Sin embargo, el alquiler vacacional apenas aparece de pasada entre las quejas de los protestantes.
Algunas de estas organizaciones ecologistas tuvieron la honra hace un par de años de reconocer su error de haber defendido el alquiler turístico, y admitieron que lo hicieron por estar cegados en pensar que, por ser malo para el hotelero, implicaba que sería bueno para los demás. No obstante, las propuestas de los manifestantes siguen sin abordar medidas que fomenten un trasvase de casas desde el negocio vacacional de vuelta al residencial.
El casi único argumento de los propietarios de vivienda vacacional es que con su reducción también ganarían los hoteleros, pese a que el interés general demuestre irrebatible el formato que aporta más al empleo y a Hacienda. Los dueños de casas no quedarían sin ingresos si dejan de alquilar sus casas a turistas, pues existe una evidente demanda de los residentes. El interés general, por ello, aconsejaría bonificar fiscalmente a quienes traspasen el uso de sus viviendas al local, y penalizar y hasta multar a quien anteponga su lucro privado sobre el bienestar del conjunto.