El Gobierno llevará al Congreso después del verano el decreto que eleva al 21% el IVA de los pisos turísticos, permite aplicar un recargo de hasta el 100% en el IBI a determinados propietarios y endurece las sanciones contra las plataformas de alquiler de corta duración. La norma, pactada entre PSOE y Sumar, ya fue avanzada por Preferente a finales de mayo, pero quedó pendiente por la falta de apoyos para su convalidación parlamentaria (El PSOE propone elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos).
Así, el texto incorpora un amplio paquete de medidas. Entre las principales novedades figura la posibilidad de que los ayuntamientos apliquen un recargo de hasta el 50% en el IBI a las viviendas de uso turístico situadas en zonas tensionadas, porcentaje que se elevará al 100% cuando el propietario tenga cuatro o más inmuebles destinados a esta actividad.
La reforma también modifica la fiscalidad del alquiler de corta duración. Si el Congreso da luz verde al decreto, las estancias de hasta 30 días en municipios de más de 10.000 habitantes pasarán a tributar al tipo general del 21% de IVA, al desaparecer la exención prevista hasta ahora para este tipo de operaciones.
Otro de los cambios afecta a las plataformas como Airbnb y Booking, que estarán obligadas a colaborar con la Ventanilla Única Digital para el intercambio de información sobre los alquileres de corta duración. El régimen sancionador prevé multas de hasta un millón de euros o del 2% del volumen de negocio global para las infracciones más graves, además de sanciones de hasta 500.000 euros por facilitar datos incompletos o inexactos.
Además, el decreto introduce nuevas condiciones para los alquileres temporales. Los contratos deberán especificar y acreditar la causa que justifica la temporalidad de la estancia. Si ese motivo no existe o no puede demostrarse, el contrato pasará a considerarse un arrendamiento de vivienda habitual con efectos retroactivos.
La tramitación de la norma dependerá ahora del respaldo del Congreso. De momento, Junts mantiene su rechazo al considerar que el decreto es “intervencionista”, mientras que Podemos discrepa de la inclusión de parte de la reforma de la ley del suelo, lo que mantiene en el aire la entrada en vigor de todas estas medidas.